Reajuste ANEF: la realidad paralela de los funcionarios públicos

María Cecilia Cifuentes

El reciente IPoM del Banco Central incorporó un análisis de lo que ha ocurrido con los ingresos laborales en el país, de acuerdo con los quintiles de ingreso. La situación que enfrentamos no sólo es compleja, sino que también fuertemente regresiva, ya que los sectores más afectados son los de menores ingresos, lo que se va a traducir en un aumento de la desigualdad.

Es así como el 20% más pobre sufrirá este año una caída de ingresos de 18%, el quintil siguiente, de 16%, el tercer quintil una disminución de 13% y el cuarto quintil, de 8%, mientras que el 20% más rico registraría un leve aumento de ingresos, de 0,5%. Los funcionarios públicos en su inmensa mayoría pertenecen a este 20% más rico, y el hecho de que hayan aumentado en número, sin que enfrenten ningún recorte salarial, explica en parte este comportamiento disímil de los ingresos del estrato alto.

Si dividimos el gasto en personal del Estado por el número de funcionarios públicos, en promedio cada uno le cuesta a los contribuyentes $1,5 millones mensuales, casi tres veces el ingreso laboral promedio en Chile. Por otra parte, el número de días no trabajados promedio por funcionario, por licencias y otros, es sorprendentemente alto, llegando a 25,75 en 2019, de los cuales cerca de 20 días corresponden a licencias. Esta cifra duplica el resultado nacional de ausentismo por licencias médicas.

Lo anterior, por supuesto, no es obstáculo para que el pliego de peticiones de la ANEF en el actual proceso del reajuste anual parezca totalmente alejado de la realidad, con la excepción del personal de salud, que ha enfrentado una situación de gran exigencia. Debe considerarse también que todos los años la ley de reajuste de los funcionarios públicos es por lejos la de mayor costo cada año (el reajuste otorgado en 2019, que fue entre 1,4% y 2,8%, tuvo un costo fiscal de US$ 1.750 millones).

En materia de remuneraciones, la ANEF ha planteado un reajuste de 3%, aduciendo que “ningún trabajador puede perder poder adquisitivo, por lo que cualquier propuesta de reajuste por parte del Ejecutivo debe empezar por sobre el IPC acumulado, de 2,7%”. Aunque la negociación aún no termina, la propuesta del Gobierno consiste en un reajuste de 2,6% para las rentas inferiores a $1,5 millón, y en un aumento de 0,8% para el resto.

Lo cierto es que, en las actuales circunstancias, lo razonable sería que los funcionarios públicos no pidieran reajuste, como un gesto hacia los millones de chilenos que perdieron su trabajo y/o enfrentan caídas de ingresos bastante considerables. Esto, considerando que son esos mismos trabajadores los que a través de sus impuestos financian la mejoría exigida por los dirigentes de la ANEF. Se debe considerar, además, que muchos servicios públicos han mostrado serios deterioros en la calidad del servicio que prestan, debido a que la gran mayoría estuvo durante meses teletrabajando. Para qué hablar de servicios esenciales, como los que presta el Registro Civil, donde aquellos trámites más básicos han sido imposibles.

Definitivamente, la ANEF parece pensar que los funcionarios públicos merecen privilegios inalcanzables para un ciudadano común. Con buenas cifras económicas, suelen reclamar reajustes reales equivalentes al crecimiento económico, pero cuando enfrentamos la peor recesión en décadas, son incapaces de afrontar, ni siquiera una disminución, sino la mantención de sus condiciones laborales. Y como suele ocurrir, los sectores de izquierda, supuestamente preocupados de la desigualdad y los privilegios, siempre cierran filas detrás de estos dirigentes.